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Desconvocados los plenos por parte del alcalde

La sesión plenaria prevista para el jueves 4 de abril se acabó antes de iniciarse, y por partida doble. El grupo de gobierno desconvocó a última hora la celebración de un Pleno ordinario y otro extraordinario por su decisión de no incluir cuatro mociones presentadas desde la oposición. Este debate municipal previsto desde hace meses se pospuso primero por el equipo de gobierno y más tarde, se anuló porque la oposición, PSOE e Izquierda Unida, presentaron un recurso de reposición a la convocatoria, tras no ver registradas sus propuestas. De la declaración pública de los concejales en la oposición ayer se pudo extraer que el alcalde, Javier Pérez, ordena los puntos del orden del día de manera arbitraria, porque «unas veces rechaza incluir mociones de contenido ajeno a la vida municipal y otras no», criticó el edil Francisco Maciá. En cualquier caso, ésta es la segunda vez que IU y PSOE utilizan la presión jurídica para hacer valer sus derechos que catalogan de «fundamentales». Así Pérez firmó dos decretos para anular sendos plenos con la justificación de que «había que analizar la legalidad de la inclusión de los temas». Esas explicaciones no convencen a los grupos de izquierdas, puesto que «nosotros solo presentamos un recurso al Pleno ordinario, el otro lo desconvoca porque sí», criticó la portavoz socialista, María del Mar Martínez. Y es que desde la oposición «nos encontramos cansados de tener que estar en una bronca constante por la forma de gobernar del ordeno y mando con la que se dirige el alcalde», expuso el edil de IU, Manuel Amorós. El último episodio fue el controvertido caso de las actas de las Juntas de Gobierno Local. Sobre este aspecto el socialista Maciá replicó que «cada grupo político asume sus funciones, pero desde que empezó la legislatura no sabemos a qué atenernos, unas veces entran temas que no son competencia del Pleno y otras veces algunos que son más cercanos». Por su parte, Martínez recalcó que «desconocemos el motivo de la anulación del segundo Pleno, el extraordinario, pero todavía estamos a la espera de que se convoque una sesión que falta del año pasado». El PSOE ya ganó en los tribunales un recurso contencioso sobre la convocatoria de plenos al equipo de gobierno del PP. Ésta piensan que es la clave por la que Pérez haya reculado a última hora. Asimismo, Amorós espera que se incluyan las tres mociones que presentó IU sobre el Día de la Mujer, la devolución de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios y la reforma de las administraciones locales. A su vez, el edil socialista Maciá recordó que la recomendación del Síndico de Agravios «parte a raíz de una petición de nuestro grupo, el alcalde no puede decir que le da la razón», y agregó que «cuando nos tilda de manipuladores no debe hacerlo porque siempre dijimos que había que cumplir la Ley de Protección de Datos». En este sentido, el concejal asegura que «esta serie de problemas aburren al ciudadano, lo que hay que hacer es centrarse en los problemas reales», espetó el representante socialista.

El Ayuntamiento de Callosa de Segura rechazará el vertedero de Albatera

El Ayuntamiento de Callosa puede seguir mañana en el pleno ordinario programado para el 4 de abril de 2013 los pasos ya andados por el Consistorio de Albatera y mostrar el rechazo a la decisión de la Diputación Provincial de seguir adelante con la adjudicación del macrovertedero previsto por el Plan Zonal de Residuos en la localidad. La decisión es de calado ya que el equipo de gobierno ha consensuado una moción conjunta con el Partido Socialista, que ejerce la oposición en el Ayuntamiento callosino, y mostrar una línea de rechazo a las directrices marcadas por el PP provincial, que no ve con buenos ojos que sus alcaldes expresen una línea de disconformidad con la marcada por los populares, pero en el caso de Callosa el equipo de gobierno que preside Javier Pérez se desmarca de esa disciplina de partido. La moción se debate en el marco de la sesión plenaria ordinaria que corresponde a abril y surge a raíz de que el partido que dirige la socialista María del Mar Martínez expresara su intención de presentarla para forzar su debate. La representante de la oposición recuerda que su grupo registró la petición el pasado 25 de febrero, para su debate bien como moción institucional o como del PSOE, y que el equipo de gobierno pidió tiempo para poder estudiar el texto presentado por los socialistas e intentar alcanzar un consenso para que saliese adelante de la primera forma. Martínez indica que de salir adelante, «y lo lógico es que así sea porque se ha consensuado», será el primer Ayuntamiento de la comarca que muestra su solidaridad con el de Albatera, que ya realizó una de similares características para reclamar a la presidenta de la Diputación, la popular Luisa Pastor, que deje encima de la mesa la adjudicación de la planta de la Zona XVII.

Concentración AMPA IES Grisolia reivindicando un nuevo instituto

La comunidad educativa del IES Santiago Grisolía de Callosa de Segura no quiere que los alumnos sigan dando clase en un edificio que presenta numerosas deficiencias y cuya estructura está en parte apuntalada. El AMPA del centro encabezó ayer una concentración de protesta para exigir al Consell la construcción de un nuevo instituto y rechazar la pretensión de acometer una intervención parcial para que la actividad docente pueda continuar allí algunos años más. Decenas de padres, madres, alumnos y profesores se concentraron a medio día en el Jardín Glorieta para protestar por las reiteradas promesas incumplidas del gobierno valenciano. Desde hace ocho años la Generalitat ha venido prometiendo que construirá un nuevo instituto en los terrenos donde estaba ubicado el antiguo IES Vega Baja, pero la realidad es que hasta el día de hoy no se ha dispuesto ni un euro para derribar el viejo centro y habilitar los terrenos donde ubicar el nuevo. Agrupados en torno a una pancarta con la inscripción "Menos tablones, más seguridad, nuevo IES ¡ya!", con decenas de carteles que mostraban los "apuntalamientos de la vergüenza" e incluso con un puntal amarillo, los representantes del AMPA se quejaron de los defectos que presenta este centro y de sus aulas prefabricadas, donde cada día acuden cientos de estudiantes de secundaria, bachillerato y de distintos grados formativos. "Invertir más dinero para garantizar la estabilidad de los puntales es un derroche. Los técnicos de la Conselleria dicen que no hay peligro, pero en el colegio de Santa Pola donde se desplomó el suelo tampoco lo había y al final un grupo de estudiantes resultó herido", denunció ayer la presidenta del AMPA María Dolores Bernabé, quien reclamó al Consell que invierta en Educación y dote una partida presupuestaria para que se construya un nuevo instituto.

El Síndic obliga al alcalde a entregar a la oposición las actas de Junta de Gobierno

El Ayuntamiento de Callosa de Segura, encabezado por el popular Javier Pérez, envió el martes a la oposición 17 actas de las sesiones celebradas por la junta de gobierno local entre agosto y diciembre de 2012. Desde hacía ocho meses, el PSOE no había recibido esta documentación porque la secretaria municipal decidió bloquear su envío después de que el regidor denunciara en los juzgados que se estaba filtrando a la Prensa información que no es pública. Los cuatro concejales del grupo socialista con su portavoz al frente, María del Mar Martínez, comparecieron ayer para dar a conocer la resolución del Síndic, firmada el pasado 7 de marzo, y denunciar la "lamentable y bochornosa actitud" del alcalde sobre todo este asunto. A Pérez lo acusaron de boicotear el acceso de la oposición a esta información para dificultar su labor de fiscalización a través de medios que tacharon de "ilegales" y siempre "con el beneplácito de la secretaria". En la citada resolución del Síndic, que ocupa una extensión de 10 folios, éste ampara "la obligación legal de entrega de dichas actas" y recuerda que la no facilitación de las mismas "resulta contraria a los derechos fundamentales de los representantes políticos", por lo que recomienda al Ayuntamiento que envíe esta documentación a los grupos de la oposición. Además de tachar al alcalde de "incompetente político" por su forma de gestionar la administración local, "como si fuera la república independiente de su casa", desde las filas socialistas pusieron en duda el "rigor" del trabajo de la secretaria en el Consistorio. Lo hicieron argumentando que la legislación recoge la obligación de los funcionarios de facilitar la documentación a la oposición, algo que, a su juicio, no ha cumplido María Dolores Ramón Gil al vetar su envío. En este sentido, el edil Fran Maciá manifestó que quien debería haber velado por que funcionara el equilibrio entre la labor de gobierno del PP y la de fiscalización del PSOE "no lo ha hecho de manera adecuada".

El alcalde da al PSOE documentos tras el apercibimiento del Síndic de Greuges

El PSOE celebró ayer la recomendación realizada por el Síndic de Greuges al alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, como un triunfo democrático. El apercibimiento de la institución que dirige José Cholbi propició que un día después el equipo de gobierno facilitara hasta 17 actas de otras tantas reuniones de la Junta de Gobierno Local, puesto que la oposición carecía de estos documentos. Un escrito del Síndic de Greuges alertaba de la vulneración del derecho de información y participación pública de la oposición en los acuerdos del Ayuntamiento. El primer edil se negó a conceder las actas de estas reuniones semanales el pasado mes de julio del 2012 porque consideraba que PSOE e Izquierda Unida hacían un uso ilícito de los documentos. La notificación de la institución valenciana fue extensa en su planteamiento, pero clara en la resolución porque insta al equipo de gobierno a que «facilite a los concejales el acceso a la documentación precisa para el ejercicio de su cargo y les haga entrega de las actas de las sesiones celebradas». Los cuatros concejales del grupo muncipal socialista comparecieron para escenificar que habían ganado una nueva batalla política al Partido Popular. La portavoz María del Mar Martínez estima que «los acuerdos de estas juntas son públicos y, por ello, pedimos que se cuelguen en la web del Ayuntamiento». La socialista ironizó con que la Administración «no es la república independiente del alcalde», y censuró que «durante la presente legislatura el PP ha tratado de negarnos un derecho fundamental». Así las cosas, el grupo socialista recibió las actas de todas las juntas celebradas en el 2012 un día después de que el Síndic de Agravios enviara la resolución en materia de participación de los grupos políticos. Por su parte, el concejal Francisco Maciá incidió en la labor que no ha prestado la secretaria municipal. «Es la secretaria quién deniega las actas y ella tiene que ser la parte fundamental del equilibrio entre el gobierno y la oposición», denunció. El grupo socialista se comprometió a que «si en la próxima legislatura gobernamos invitaremos a un miembro de la oposición a que presencie las juntas de gobierno», anunció Martínez.

Sanidad reduce el servicio de ambulancias para 60.000 habitantes

El grupo municipal socialista de Callosa de Segura ha pedido la dimisión del alcalde, Javier Pérez, y de la concejal de Sanidad, Cati Berenguer, por no informar de la medida que ha tomado la Conselleria de Sanidad de suprimir el servicio de ambulancia. Este transporte dejará de ser efectivo mañana debido a la reorganización acometida en el Área de salud 21. Este servicio de urgencias presta en la actualidad soporte a una población de más de 40.000 habitantes procedente de los municipios de Callosa de Segura, Cox, Redován, Rafal y Granja de Rocamora. El presidente de las Juventudes Socialistas, Francisco García, explicó que «se elimina este servicio 24 horas y todas las atenciones se tendrán que solicitar a Orihuela o Almoradí». Este cambio en el sistema sanitario implica al menos diez minutos más para que los vehículos de emergencias atiendan las urgencias que puedan ocurrir. Cabe mencionar que la asamblea local de Cruz Roja tampoco presta esta atención, puesto que «la ambulancia que tienen caduca su permiso este año y no se puede renovar», dijo García, que añadió que «esperamos que el transporte en ambulancia se pueda mantener con el sueldo de los concejales y asesores del Ayuntamiento». En este sentido, los socialistas afirman que «si alguna de estas ambulancias está en un traslado, la persona afectada deberá esperar a que termine para que se le atienda». El PSOE ha informado que prevé poner en marcha una campaña de recogida de firmas para que el servicio no se elimine. En la actualidad durante 24 horas solo quedarían activas las ambulancias de Orihuela, Almoradí y Torrevieja, si bien en horario diurno se mantienen las dotaciones de Guardamar del Segura y Pilar de la Horadada.

Expediente de ruina en el IES Vega Baja

Con un expediente de ruina de por medio los socialistas callosinos consideran que no hay más tiempo para aplazar la construcción del instituto de enseñanza secundaria Santiago Grisolía. El PSOE ha formulado una batería de preguntas a Las Cortes Valencianas para garantizar la seguridad de los estudiantes. La preocupación va en aumento, tanto que el profesorado ha enviado fotografías de las múltiples deficiencias que presenta el centro. El gobierno autonómico ha elaborado un expediente de ruina del IES callosino, según confirmó ayer el portavoz de las Juventudes Socialistas, Francisco García. Este informe contradice las palabras de la edil de Educación, Mónica Rocamora, que aseguró que las instalaciones no tenían ningún riesgo después de que se apuntalaran los pabellones traseros. Y es que todo el forjado de las aulas exteriores está apuntalado con vigas de hierro y de madera porque los altos niveles de humedad han deteriorado la estructura. García incidió en que «el alcalde ya nos ha asegurado durante tres años seguidos que el nuevo IES se iba a construir. Siempre nos dan largas y queremos saber en qué fecha comenzarán las obras». El proyecto está aparcado desde el inicio de la presente legislatura cuando el entonces conseller de Educación, José Císcar, sufragó la reforma del subsuelo del instituto. Los socialistas exigen saber «qué significa la declaración de ruina del edificio y qué consecuencias puede tener», dijo García, que añadió que «también queremos saber que número de la lista de prioridades para el Consell ocupa el centro Santiago Grisolía».

El déficit del centro deportivo pone en una aprieto la tesoreria municipal

El gasto anual del centro deportivo merma las arcas municipales año a año. El que se concibió como una instalación modélica, que prestaría un servicio más barato y de calidad a los vecinos de Callosa y de alrededores ha resultado todo lo contrario, ya que el aumento del precio del carburante y la energía eléctrica han propiciado que la piscina cubierta sea uno de los edificios que mayores pérdidas le ocasionan al erario público. Para contrarrestar esta situación la Concejalía de Hacienda inició una negociación con la adjudicataria del centro, Aqualia, que también administra el servicio de agua potable y alcantarillado. El equipo de gobierno ha instado a los responsables de la empresa a que renegocien los términos del convenio de concesión antes de emprender el rescate del centro deportivo. El gimnasio, las clases de natación y de fitness no producen los suficientes ingresos como para mantener abierta la piscina climatizada. Por tanto la solución reside en renegociar precios y optimizar el servicio, porque de lo contrario el Ayuntamiento rescatará la adjudicación. El concejal de Hacienda, Manuel Illán, emprendió una negociación amigable con Aqualia para minimizar las pérdidas, que están en torno a los 350.000 euros anuales. El convenio firmado con Aqualia establece que el déficit anual debe cubrirlo el Consistorio. Esta partida va en aumento desde la apertura, por lo que el edil trata de ajustar el presupuesto a la situación económica actual. El gasto de esta instalación deportiva ya fue el centro de las críticas del PSOE hace unos meses cuando la empresa que lo gestiona incrementó la cuota de los usuarios.

El PSOE exige se restituya de manera inmediata la entrega de actas de Junta de Gobierno Local

Seis meses sin acceso a las actas de la junta de gobierno. El grupo socialista sopesa llevar al juzgado a la secretaria del Ayuntamiento de Callosa si ésta no entrega dichos documentos a la oposición. Denuncian que desde el pasado mes de agosto no los ha remitido y sin ellos no pueden fiscalizar la gestión del equipo de gobierno del PP, que toma decisiones a través de este órgano en reuniones a puerta cerrada. Así se lo ha hecho saber el PSOE al alcalde, Javier Pérez (PP), a través de un escrito mediante el que le exigen que recuerde a la secretaria, María Dolores Ramón, "la obligación legal de enviar a todos los miembros de la corporación copia de las sesiones de la junta de gobierno local en el plazo de diez días desde su celebración". Los socialistas advierten que "se les está agotando la paciencia" respecto a lo que consideran una clara vulneración de un derecho fundamental que les impide examinar la acción del gobierno. En el último pleno, el regidor admitió que suspender la entrega de copias de las actas de las juntas ha sido una decisión adoptada por la secretaria. Su negativa a enviar dichos papeles por correo electrónico y sólo permitir a la oposición poder verlos en las dependencias municipales llegó después de que el Diario Información publicara hechos como que el director de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), que es su yerno, había cobrado 5.000 euros por organizar la gestión de dos talleres para desempleados de cuatro meses de duración o que la empresa del hijo de un edil facturó al consistorio 8.639,65 euros desde su empresa de informática. El Ayuntamiento denunció en los juzgados que se estaba filtrando a la Prensa información que no es pública y pidió al juez la suspensión cautelar de la entrega de dichas actas. Dado que hasta ahora este órgano no se ha pronunciado y que no existe ningún informe escrito que avale la decisión de la secretaria, el PSOE ha dado un ultimátum: o envía los documentos o irá a los juzgados.

Se anuncian protestas por el mal estado del IES Santiago Grisolia

Desde el equipo socialista nos congratulamos que se por fin los padres y madres se sumen a una reivindicación que desde el Grupo Municipal Socialista llevamos tiempo denunicando en referencia al estado el IES Santiago Grisolía. El Ampa del Instituto de Secundaria Santiago Grisolía ha querido respaldar las recientes declaraciones del alcalde, Javier Pérez (PP), quien dijo que se le ha "acabado la paciencia" ante las incumplidas promesas de la Generalitat de construir un nuevo centro para sustituir al actual, cuya planta baja está apuntalada, y que no descartaba recogidas de firmas o manifestaciones. Los padres dicen que le "apoyan" y adelantan medidas de presión hasta arrancar un compromiso firme a la Conselleria, pues "durante años hemos confiado en las palabras de la administración, que nos ha prometido en muchas ocasiones un nuevo edificio y no ha cumplido". El estado del apuntalamiento es "lamentable", dicen, y aunque los técnicos descarten que sea peligroso actualmente nadie puede asegurar por cuánto tiempo: "No estamos dispuestos a exponer a nuestros hijos e hijas a ningún peligro en un edificio en estas precarias condiciones, exigimos la construcción de nuevo instituto ya", concluyen. Sean bienvenidos ambos en sus revindicaciones.

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