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El PSOE culpa a la situación económica el cierre del centro de estimulación

El centro de atención temprana tiene las horas contadas tras la decisión de la Conselleria de Bienestar Social de reubicar a los pacientes. Parte de los niños que reciben el servicio se trasladarán al centro de discapacitados de Callosa de Segura y otros se reenvían al centro de Almoradí, que está inutilizado desde hace años. El grupo municipal socialista denuncia que esta operación responde a la grave situación financiera del Consistorio, puesto que "se ha buscado la mejor solución para el Ayuntamiento no para los padres". El secretario general del PSPV, Ximo Puig, visita esta mañana el centro para realizar una toma de contacto con los afectados. Los padres se han negado a que los fisioterapeutas se reubiquen en otro centro al considerar que el tratramiento que mantiene se vería alterado. Los concejales del PSOE en Callosa advierten de que la administración local llevaba dos años sin recibir una subvención que ronda los 220.000 euros. El edil, Francisco Maciá, matizó que "ante la falta de liquidez del erario público han preferido prescindir de un servicio básico", y añadió que "dejan el gasto del centro de atención temprana pero asumir el centro deportivo".La concejal de la oposición, Ana Belén Berná, relató que "los trabajadores del centro presentaron un recurso de reposición en contra de la reducción de un 10% de su sueldo". Esta circunstacia obligó al gobierno local a crear una serie de tasas para compensar el dinero que la Generalitat Valenciana dejaba de ingresar. No obstante, lo que más ha soprendido es que la clasura del servicio se realizara con tan poco días de antelación y con la incertidumbre de desconocer si los trabajadores seguirán en sus puestos en el centro que gestionará Grupo Castillo y si las cuotas se mantendrán como hasta ahora. Berná señaló que "existe un compromiso de la consellera de Bienestar Social de readmitir a todos los trabajadores", aunque criticó que "el alcalde no ha podido firmar un documento para asegurar que las cuotas mensuales no van a subir". Este escrito no puede rubricarlo dado que la estimulación para niños aquejados de diferentes problemas psicomotrices ya no va dependerá de las administraciones públicas. Por su parte, el concejal Francisco Maciá, argumentó que "todo este asunto se trata de un modelo político, de privatizar lo que hasta ahora era un servicio de primera necesidad". El portavoz socialista denunció que "la empresa intentará busca un rendimiento económico y la joya de la cororna de la política social del PP se privatiza".

El PSOE rechaza la privatización del servicio del Centro de Atención Temprana

Los socialistas de Callosa de Segura mostraron ayer su disconformidad con la inminente «privatización» del Centro de Atención Temprana, un servicio que pasará a manos privadas, en concreto, al Centro integral de atención a la dependencia de la localidad que dirige «Grupo el castillo». La oposición apunta a que la difícil situación económica que atraviesa el Ayuntamiento y los impagos de la Generalitat, que no ha abonado la subvención anual de 220.000 euros para mantener este recurso desde 2010, son las dos causas que explican este proceso, mediante el cual el Consistorio ya no se hará cargo de los 11 trabajadores. La edil Ana Belén Pérez explicó ayer que, según les ha trasladado el concejal de Bienestar Social, Gaspar Serrano (PP), de las 56 plazas que tenía asignadas el centro municipal, 16 se derivarán al Centro de Atención Temprana de Almoradí, que actualmente se encuentra cerrado. Prosiguió que los nueve niños callosinos que se beneficiaban de ese servicio se trasladarán al «Grupo el Castillo», mientras que los usuarios restantes, intuyen que también recibirán sus tratamientos a través de esa empresa privada pero, según dijo, esta es una cuestión que nadie ha aclarado. La concejala prosiguió que las noticias sobre este asunto han generado «incertidumbre» en los padres y madres de los menores, puesto que no saben si esta «privatización» se traducirá en un aumento de la tasa de 12 euros mensuales que abonaban hasta ahora. Sobre esta cuestión, su compañero de grupo Fran Maciá vaticinó que los nuevos costes los fijará la empresa.

Callosa cierra el Centro Atencion Temprana y traslada el servicio al de dependencia de gestión privada

El Ayuntamiento de Callosa de Segura cerrará a final de este mes su centro de Atención Temprana, uno de los dos que tiene la comarca junto con el de Orihuela, y anuncia que el servicio lo va a gestionar a partir del próximo año la empresa privada que dirige el centro de dependencia de la localidad. La noticia, que se hizo pública a través de las redes sociales el viernes por la noche, movilizó a padres, políticos, entre los que se encontraban la socialista Ana Belén Pérez, el portavoz de Izquierda Unida, Manolo Amorós y su compañera de partido, la edil almoradidense, María Jesús Pérez; representantes sindicales de UGT y colectivos como Discapacidad en Marcha que se concentraron ayer a las puertas del Ayuntamiento para protestar por el cierre de este centro aunque desconocían los motivos reales ya que, tal y como criticaron, «desde Alcaldía se ha hecho todo con mucho secretismo», criticaron los ediles callosinos. Mientras se producía la protesta, el primer edil Javier Pérez (PP) estaba reunido con los padres de los niños que son atendidos en el centro y que suman un total de 80, según confirmó el propio Pérez, quien aseguró que había querido mantener un encuentro con las familias «para que no se produzcan malentendidos porque el servicio se va a mantener y todos los niños van a continuar con su tratamiento pero en unas mejores instalaciones». Al parecer, la presión ciudadana para abrir el centro de Atención Temprana que fue construido en Almoradí pero lleva años cerrado y el estado de las instalaciones del centro callosino, hizo que la Conselleria se planteara abrir el servicio en Almoradí y trasladar a los niños almoradidenses que son tratados en Callosa de Segura a su municipio. La medida también supone que el resto de menores que se atiende en el centro callosino, tanto vecinos de la localidad como de otras poblaciones de la comarca, sean trasladados al centro de dependencia de la localidad que es gestionado por una empresa privada, Grupo El Castillo, «porque tiene mejores instalaciones para tratar a los niños ya que dispone de piscina, aula sensorial, entre otros servicios y nuestro centro estaba obsoleto sin accesos para minusválidos y sin aparcamiento».

El PSOE insta a gestionar el Centro Deportivo con una empresa pública

La oposición propone un pacto al PP para impulsar el servicio bajo la supervisión de todos los grupos políticos. El grupo socialista de Callosa de Segura ha propuesto al equipo de gobierno que lidera Javier Pérez (PP) la creación de una empresa pública para gestionar el Centro Deportivo Municipal que hasta hace poco tiempo gestionaba la concesionaria Aqualia pero que ha pasado a manos del Ayuntamiento tras una rescisión de contrato de mutuo acuerdo. El principal grupo de la oposición cree que a través de dicha entidad pública, que estaría controlada y supervisada por todos los grupos políticos con representación, se podría organizar la gestión, explotación, limpieza, mantenimiento y conservación de este servicio que incluye piscina climatizada, gimnasio, pistas de tenis y pistas de pádel, entre otras instalaciones. «El objetivo es conseguir que la cuenta de explotación del centro deportivo no sea deficitaria, aumentando la capacidad de gestión y la transparencia de sus cuentas que son las principales preocupaciones que hay detrás de la propuesta realizada por este grupo», señalaron ayer a través de un comunicado. Los socialistas dicen que han presentado esta propuesta buscando una mayor flexibilidad en la gestión que posibilite una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y, además, agilidad en la gestión, así como reducir los costes de gestión administrativa al disminuir tanto los recursos aplicados en materia de personal o medios materiales. Asimismo, destacan que también se pretende reducir de manera considerable el número de partidas presupuestarias administrativas facilitando la ejecución del presupuesto municipal y estando pendiente la aprobación de los presupuestos del ejercicio 2014. Desde la oposición destacan que es necesario que el Ayuntamiento callosino, inmerso en un plan de ajuste derivado de la obligación de devolver los préstamos formalizados en los distintos planes de pago a proveedores para saldar facturas atrasadas, mejore la explotación del servicio para lograr, como mínimo, el equilibrio presupuestario en el servicio después de que la empresa adjudicataria registrara pérdidas desde que se inauguró este centro.

El PSOE insta al alcalde a zanjar los conflictos con Aqualia

El concejal Francisco Maciá ha asegurado que el rescate del centro deportivo, y "no haber resuelto el rescate de la concesión del agua", condicionan el cierre del año y el presupuesto de 2014. El concejal del grupo municipal socialista de Callosa de Segura, Francisco Maciá, ha asegurado que, a pesar de esta finalizado el ejercicio, el pleno "deja pendiente la presentación de los presupuestos municipales del año 2014, ante la falta de acuerdo en el litigio que el Ayuntamiento mantiene con la empresa 'Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.' en varios frentes".Francisco Maciá ha comparecido hoy en rueda de prensa junto a la concejala Ana Belén Berna, para valorar el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, celebrado en el día de ayer y conformado por tres puntos. Maciá ha recordado que, a finales de diciembre, finaliza el plazo que se otorgaron el Ayuntamiento y 'Aqualia' en su "acuerdo mutuo de rescisión" de la concesión del centro deportivo municipal, para aclarar las diferencias entre ambos en cuanto a la deuda de la subvención de explotación de la mercantil –cuantificada en alrededor de 1,8 millones de euros, aunque desde el Ayuntamiento sostienen que es mucho menor, pues revisaron las cuentas de explotación y planteaban una minoración como mínimo de 678.520 euros-, y un plan de pago a dicha empresa, "lo que condicionaría los presupuestos del 2014 en la parte del gasto". Asimismo, ha mencionado que está pendiente de resolver el expediente iniciado por la administración para recuperar la concesión de la gestión del agua ante desavenencias con la gestión de Aqualia, "al que se le reclama compensaciones de gasto realizado por el Ayuntamiento en su nombre"."Una situación que ha derivado, entre otras, a que el Ayuntamiento de Callosa de Segura fuese señalado por el consejo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla en su informe anual 2012, con una deuda de 858.034 € en el suministro, y todo esto a pesar que los recibos se giran a los ciudadanos puntualmente", ha añadido.En este sentido, el socialista ha querido dejar claro que "independientemente de que la gestión del agua este realizándose de manera indirecta por parte de Aqualia en el municipio, el responsable último de la deuda es al Ayuntamiento". Sobre esta cuestión, que a juicio de los socialistas se debe "zanjar" para terminar con los problemas, se preguntó durante la sesión plenaria de ayer y, según el grupo municipal, el equipo de Gobierno les emplazó a la resolución de la negociación para facilitarles toda la información. No obstante, durante el pleno, el grupo también preguntó sobre la posibilidad llevar a cabo una modificación presupuestaria del ejercicio de 2013, después de que el centro deportivo municipal pasase de nuevo a gestión directa del Ayuntamiento, el pasado 4 de noviembre, “lo que supone que asume un servicio donde los empleados han pasado a plantilla municipal y, por tanto, gestiones por medio de sus propios presupuestos”. "Esta nueva situación implica ingresos y gastos que no tenían partida presupuestaria definida en el presupuesto en vigor", una cuestión que, según los socialistas, también debe ser resuelta lo antes posible.

Suciedad en Callosa por los recortes

La portavoz del grupo socialista de Callosa de Segura, María del Mar Martínez, denunció ayer el lamentable estado en el que se encuentra el municipio en limpieza tras el recorte de servicios decretado por el gobierno de Javier Pérez, que ha reducido en 237.120 euros el coste anual de la contrata con la mercantil Sirem (antes Colsur) para ahorrar. En este sentido, reclamó al regidor que fiscalice la gestión de dicha empresa puesto que sospecha que no se están cumpliendo los términos que recoge el contrato. Martínez explicó que fue el pasado marzo cuando el Ayuntamiento renegoció el contrato con la empresa de Ángel Fenoll, para reducir el canon que se paga por la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza, que ha pasado de 1.080.000 euros a 642.880 euros, siempre según los números aportados por la concejala. A este respecto detalló que la rebaja ha traído consigo que los contenedores se limpien una vez al mes en vez de cada quincena. En el caso de que la empresa limpie más de 100 contenedores, el Consistorio tiene que pagar los siguientes a razón de 3,40 euros por cada uno. De igual modo señaló que la recogida selectiva de residuos, los que se reciclan, ha pasado a efectuarse de 3 a 2 veces por semana, mientras que los sábados no se recoge la basura. Sobre la limpieza diaria dijo que se ha eliminado el turno de tardes y se ha reducido trabajadores y maquinaria, lo que provoca que el municipio presente un aspecto sucio y descuidado. El principal grupo de la oposición cree que Javier Pérez se ha visto obligado a reducir la cuantía del contrato por las numerosas deudas que asfixian al Consistorio y la imposibilidad de hacer frente a las facturas.

Intervención alerta del "desequilibrio financiero" de la tesoreria municipal

El departamento municipal advierte que los ingresos corrientes no son capaces para cubrir el gasto ordinario y la amortización de los préstamos

El cierre del ejercicio del 2012 ha puesto de relieve que el Ayuntamiento de Callosa de Segura todavía vive por encima de sus posibilidades. Un informe del área de Intervención sobre la Cuenta General del año pasado señala que los ingresos corrientes no pueden cubrir los gastos ordinarios y la amortización de préstamos. Además, a la deuda millonaria del Consistorio hay que sumarle 1,5 millones de euros de acreedores que no cobrará. En el cierre del ejercicio económico del 2012 se puso sobre la mesa la compleja situación económica que vive la administración local, puesto que «no existe una correcta nivelación del presupuesto», según indica el informe de Intervención. Para lograr cuadrar las cuentas el equipo que dirige Javier Pérez deberá apretarse el cinturón en los gastos o aumentar los impuestos porque el resultado del balance fue negativo el año pasado. En concreto, el resultado con déficit fue de dos millones de euros. Esto obliga a «replantearse en ejercicios futuros para pagar los préstamos una nueva distribución de ingresos y gastos, bien mediante nuevas subidas de impuestos, bien por reducción de gastos, o una combinación de ambas», según señaló el concejal socialista Francisco Maciá en el Pleno que debatió sobre el estado financiero de las arcas municipales. Y es que a finales del año pasado el Consistorio llegó a su máximo endeudamiento histórico por un montante de 16 millones de euros. Esta cifra se debe a la utilización del plan de pago a proveedores, que se financió con un crédito de 6 millones. La oposición recordó al equipo de gobierno en el Pleno de septiembre donde se dio el visto bueno a la Cuenta General, con los votos mayoritarios del PP, que el índice de endeudamiento del Ayuntamiento, que es el porcentaje que la deuda con entidades financieras representa sobre los derechos reconocidos corrientes del ejercicio, «se sitúa alrededor de un 140%, o que el periodo medio de pago a proveedores se haya fijado en casi 130 días». Con éste último dato se puede calcular el ahorro neto del erario público, que es donde Intervención detecta los principales problemas. Los socialistas reprobaron que el ahorro neto de la Concejalía de Hacienda presenta un resultado negativo de 2.128.349 euros. El ahorro neto sirve para indicar la capacidad del Ayuntamiento de generar ingresos para pagar los vencimientos de deuda e intereses que se derivan de los préstamos. Así el departamento de Intervención acentúa, en relación a esta variable, que los recursos ordinarios del ejercicio 2012 no pudieron financiar los gastos junto con los destinados a amortizar los capitales invertidos. Este ahorro neto negativo de dos millones de euros «demuestra que no existe una correcta nivelación presupuestaria de la relación de gastos e ingresos que permita que los ordinarios sean financiados exclusivamente con ingresos ordinarios», refleja el informe municipal. Esta apreciación señala que la política económica del PP debe tomar un giro para generar ahorro y no más pérdidas. Por otra parte, en la cuenta del 2012 se esclarecen los derechos susceptibles de ser calificados de dudoso cobro. La Comisión Especial de Cuentas calificó de este modo un total de derechos por importe de 1,5 millones, que se encontraban en el balance de la entidad y que pertenecen a ejercicios entre los años 1997 y 2007. El PSOE denunció que «se entiende que no se podrán cobrar», y añaden que «esta cantidad fue incluida como minoración dentro del apartado de remanente de tesorería con el objetivo que la cuenta general reflejase lo más fidedignamente posible la situación económica financiera real del Ayuntamiento». El cierre del 2012 fue aprobado tanto con los votos del grupo popular como del grupo socialista, que agradeció que «se tomaran en cuenta nuestras observaciones sobre los derechos de dudoso cobro», matizó Maciá. Por contra, el grupo de IU votó en contra de las cuentas que presentó el grupo de gobierno.

Aqualia pida 1,7 millones de euros al consistoria en gastos del centro deportivo

El acuerdo para que el Ayuntamiento pueda proceder al rescate del centro deportivo que hasta ahora gestiona la empresa concesionaria del agua, Aqualia, todavía tiene pendiente de solventar un escollo. El Pleno del pasado jueves acordó con la mayoría de votos del Partido Popular que la deuda pendiente de liquidar por la construcción de las instalaciones se iba a abonar con cargo al Plan de Pago a Proveedores, una cuantía que se cifra en torno al millón y medio de euros. Pese a esta operación la adjudicataria hace constar en un escrito remitido al Ayuntamiento el pasado 19 de septiembre una relación de deudas que la administración que preside Javier Pérez mantiene con la concesionaria a costa de los gastos de explotación del centro deportivo y que suman otros 1.777.352 euros. Aqualia explica que se trata de los cánones de los años 2007 y 2008, aprobados en Junta de Gobierno en el 2009 y de los que a fecha de hoy resta de abonar en torno a los 700.000 euros. Asimismo reclama las subvenciones del año 2011 que suman otros 255.000 y que fueron objeto de un contencioso que la empresa ha retirado para desbloquear la negociación. A esas cantidades añaden cerca de 400.000 euros del año pasado y que está a expensas de lo que dictaminen los técnicos municipales, junto con el canon de explotación del 2013, cerrado hasta finales de este mes y que se estima en otros 330.000 euros. La empresa ha dado de plazo hasta final de año para llegar a un consenso en torno a estas cantidades y establecer un plan de pagos para liquidar el contrato, condición previa para que renuncie a reclamar el lucro cesante causado por el cese de la actividad.

El Ayuntamiento negocia rescatar el Centro Deportivo tras declarar pérdidas desde 2007

El municipio tiene que asumir la deuda anual, según el convenio suscrito por 25 años Aqualia lleva reclamados algo más de 1,5 millones de euros por desfases en el último lustro analizado, pero el ejecutivo cree que la cifra está «inflada» en 678.520 euros.

La empresa que gestiona el Centro Deportivo Municipal de Callosa, Aqualia Gestión Integral del Agua, ha presentado un balance de cuentas negativo por la explotación de este servicio durante el último ejercicio analizado, el de 2011, que asciende a 355.719 euros. Según el contrato que mantiene la mercantil con el Ayuntamiento, dichas pérdidas las tiene que asumir el propio Consistorio. Solo en el último lustro, la concesionaria de estas instalaciones ha reclamado a la entidad local 1.551.686 euros alegando que los gastos (entre 2007 y 2011) han sido mayores que los ingresos. Ahora, el equipo de gobierno negocia rescatar el servicio para gestionarlo de forma pública porque el mantenimiento de estas instalaciones se ha convertido en un pozo sin fondo que asfixia aun más el erario municipal. La construcción de este complejo, concebido como un «centro de bienestar integral donde poder hacer deporte, relajarse y cuidarse», tal y como recoge su página web, se remonta a mayo de 2005, cuando se acordó la adjudicación del contrato de concesión para la construcción y explotación de un centro deportivo municipal a través de un concurso público a Aqualia, que debía de construir unas instalaciones valoradas en 2.996.752 euros. Por su parte el Consistorio se comprometía a pagar a plazos a la mercantil casi 2 millones por la obra y a devolver además el medio millón adicional que Aqualia invirtió para urbanizar la parcela. De igual modo, aceptó aportar cada año una «subvención al funcionamiento de los servicios» por la diferencia entre los ingresos y gastos de funcionamiento, es decir, aceptó que si había pérdidas económicas las asumiría el Ayuntamiento. A cambio, la empresa explotaría las instalaciones durante 25 años. Esta última cláusula establecida en el pliego de condiciones de explotación es la que precisamente trae de cabeza al equipo de gobierno que lidera Javier Pérez (PP), que sabe que el mantenimiento del centro deportivo se ha convertido en un lastre económico inasumible para un Ayuntamiento que acumula más de 16 millones de euros en deudas. Es por ello que el Consistorio ha presentado alegaciones al último balance económico de la concesionaria del servicio, que reclama 355.719 euros por las pérdidas que tuvo en 2011. Los gobernantes discrepan de que esta cantidad sea real y mantienen que debería ser menor. Es más, creen que los 1.551.686 euros que ha reclamado Aqualia en concepto de los últimos cinco años es una cifra inflada y estiman que debería de reducirse en al menos 678.520 euros. Lo cierto es que parte de esa deuda global ya ha sido pagada por el Ayuntamiento, pero no ha trascendido a cuánto asciende el importe exacto.
Para intentar resolver toda esta situación que ahoga la maltrecha economía municipal, el Ayuntamiento firmó en junio un expediente de caducidad que venía a decir que las instalaciones deportivas presentaban numerosas deficiencias, con el objetivo de poder quedarse con el centro para gestionarlo. La mercantil optó entonces por llevar a cabo reformas y realizar inversiones en nuevos equipamientos durante el pasado mes de agosto, pero el equipo de gobierno apuesta por acabar definitivamente con el contrato y gestionar el servicio de forma directa. Según ha podido saber este diario, durante los últimos días se está negociando para llegar a un acuerdo con la empresa concesionaria que pasa por que el Ayuntamiento abone los 1,5 millones que todavía adeuda por la construcción del edificio que sufragó Aqualia; una cantidad que el equipo de gobierno sopesa saldar a través del plan de pago a proveedores. De igual modo, se intenta llegar a un acuerdo para rebajar la cantidad que se tiene que pagar en concepto de las pérdidas acumuladas por la empresa durante cinco años. No obstante, el pacto definitivo no está todavía cerrado y no es posible saber cuánto dinero costará a los callosinos que se finiquite todo este asunto, aunque se da por hecho que superará los dos millones de euros.

Cancelado el Pleno Ordinario previsto para este inicio de Septiembre

La tensión entre los grupos políticos con representación en la corporación callosina aumenta. Por segunda vez en lo que va de legislatura, el regidor, Javier Pérez (PP), ha dejado fuera del orden del día plenario cuatro mociones registradas por la oposición socialista al considerar que no corresponde su debate y votación porque no son competencia del debate en sesión plenaria.Los concejales del PSOE han recurrido este asunto y el regidor se ha visto forzado a cancelar la sesión prevista para el jueves 12 septiembre y a pedir un informe jurídico a un gabinete externo al Consistorio para determinar si tiene razón o no. Mientras tanto, el principal grupo de la oposición ha registrado una queja al Síndic de Greugues para denunciar esta situación.La portavoz del grupo municipal socialista, María del Mar Martínez, detalló ayer que las mociones incluían una propuesta para la separación voluntaria del Consorcio del Plan Zonal de la Vega Baja; otra relativa al cumplimiento del reglamento protocolario municipal; una tercera para la dotación presupuestaria pra becas de comedor durante los meses de verano y una cuarta para la presentación de alegaciones en relación a la propuesta del Proyecto del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo.Martínez mantuvo que el procedimiento por el que se han registrado todas estas mociones se ajusta a la legalidad y defendió que los cuatro asuntos afectan a los ciudadanos de Callosa, por lo que dijo no entender por qué el primer edil se empeña en dejarlos fuera del debate plenario. «Estamos hartos de que el alcalde Javier Pérez se salte la ley a la torera con esta chulería», trasladó la concejala. Por su parte el edil Francisco Maciá (PSOE) instó al alcalde a «no preocuparse tanto por las reivindicaciones independentistas catalanas y centrarse en promocionar el empleo en una localidad cuya tasa de desempleados se sitúa ya en 2.478 vecinos».El concejal Maciá prosiguió que este debate sobre la conveniencia o no de incluir las mociones en el orden del día plenario «aburre» a los ciudadanos e instó a Javier Pérez a trabajar más para «solucionar los verdaderos problemas de los vecinos» de un pueblo que arrastra una deuda de cerca de 16,5 millones de euros.

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